La Ley de Medios y las emisoras de pueblos originarios (y cuando los K se disfrazan de indígenas)

Sede de la comunidad La Primavera, donde trabaja el cacique Félix Díaz. A la izquierda se aprecia la emisora de FM de la comunidad. (Notas.org.ar)
Sede de la comunidad La Primavera, en Formosa, donde trabaja el cacique Félix Díaz. A la izquierda se aprecia la emisora de FM de la comunidad. (Notas.org.ar)

Roberto H. Iglesias.- Una línea repetida de El Relato K sobre la Ley de Medios asegura que esa norma hizo posible “darles una voz” a los pueblos originarios en la Argentina, posibilitándoles tener medios de expresión propios. ¿Hasta qué punto esto es cierto?

Por supuesto, es un ensanchamiento de los horizontes de la libertad de expresión que todos los sectores de un país, incluyendo las etnias indígenas, puedan acceder a emisoras y canales. De esta forma, se difunden sus puntos de vista y se contribuye a fortalecer su identidad y desarrollar su propia cultura, mientras sirven a las necesidades de sus audiencias.

Hasta hace poco las leyes de radiodifusión impedían que entidades privadas que no fueran empresas comerciales pudiesen operar emisoras de radio y TV, lo que en principio excluía, entre otras, a las comunidades indígenas como tales. Pero también era verdad que los indígenas argentinos estuvieron históricamente tan marginados que ni siquiera lograban organizarse para desarrollar iniciativas de este tipo.

Desde fines de los 80 hasta hoy prácticamente cualquier persona o asociación ha tenido la posibilidad de instalar emisoras de radio y TV de baja potencia sin licencia (“truchas”) con una escasa probabilidad de que sean clausuradas. Así, han funcionado más de 10.000 emisoras truchas en casi todas las ciudades y pueblos del país (algunas recibieron licencias precarias post facto), las que en distintos momentos representaron la increíble cifra del 58% (hoy) al 80% de todas las emisoras del país. La mayoría de esas emisoras sin licencia cubre áreas que van de 1 a 10 kilómetros a la redonda.

Hubo casos de radios privadas o emisoras estatales en zonas apartadas o de baja densidad demográfica —pero de amplia proporción de población nativa— que podían tener contenidos de interés para las audiencias originarias. Esto incluía desde programas específicamente destinados a ellas hasta servicios con una importante función social (mensajes a los pobladores, información sanitaria, etc.).

Sin embargo, hasta hace  unos años  no había emisoras específicamente manejadas por indígenas que se reconocieran como tales, aun cuando durante el último cuarto de siglo montar una emisora pequeña  de AM o FM requería una inversión mínima (y en la práctica normalmente nada ocurría si se salía al aire sin una licencia, salvo casos de interferencias o, a veces, si se consideraba que se realizaba acción política “opositora”).

Esto no es tan sorprendente: aún en Perú, Bolivia, Ecuador o México radios propiamente indígenas aparecieron hace relativamente poco. Lo que sí había en esos países eran emisoras del Estado, la Iglesia Católica o propietarios particulares individuales (según los casos) que dirigían total o parcialmente su programación a audiencias aborígenes, incluyendo su música y sus idiomas, con diferentes grados de intervención de las comunidades en la confección de esos contenidos.

Por ejemplo, México tiene desde hace décadas el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas (SRCI) que está  a cargo del Estado pero que es relativamente libre de influencias políticas y en cuya operación día a día tienen una fuerte participación las etnias correspondientes. La reciente Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión de ese país reconoció el derecho de las comunidades de operar emisoras propias.

El investigador Antoni Castells dice que estas radios “han llegado a constituirse en una parte esencial de la vida de sus escuchas” y señala que “sirven de enlace interpersonal para mandar avisos, la gente acude a ellas cuando tiene problemas de salud o legales, los migrantes las frecuentan por Internet y mandan mensajes a los familiares que se quedaron en el pueblo y […] han conseguido una importante presencia simbólica en la vida comunitaria”.

En Argentina, recién al inicio del siglo XXI, al sobrevenir una conciencia más generalizada en la sociedad (al menos teórica) sobre grupos minoritarios o marginados y sobre las peculiaridades de las diferentes culturas, comenzó a gestarse un campo fértil para que los sectores indígenas pudieran llevar a cabo iniciativas de comunicación propias.

Contrariamente a lo que afirma El Relato K, las primeras emisoras propiamente indígenas en la Argentina aparecieron antes de la Ley de Medios. En ese momento el poder político aún no intentaba utilizar o dividir a las comunidades indígenas para internas políticas o para exhibirlas como una justificación para disimular intentos de control comunicacional.

Abajo se indican las primeras licencias de radios indígenas, todas concedidas por resolución del COMFER dentro del marco de la vieja normatividad de radiodifusión y en las épocas que Julio Bárbaro era interventor de ese organismo:

CUADRO 1 – LICENCIAS DE EMISORAS INDIGENAS OTORGADAS HASTA 2009 (LEY DE MEDIOS)

Cuadro 1

B = Provincia de Buenos Aires / NQ = Neuquén / SA = Salta.
Fuente: Elaboración propia, basado en el sitio Web de la AFSCA, Infoleg, informes periodísticos.

Es cierto que, con el tiempo, algunas de estas experiencias resultaron completamente cooptadas por los K, cuando no promovidas directamente por ellos bajo “ropaje” indígena. Por ejemplo, a fines de 2014 la emisora La Voz Indígena de Tartagal (Salta) mostraba en su Facebook frases laudatorias de Cristina Kirchner, material de 6-7-8, conmemoraciones de la Revolución cubana, críticas a la compañía Monsanto y propaganda del partido Nuevo Encuentro.

Esto último es especialmente sintomático: Nuevo Encuentro es la agrupación política liderada nada menos que por… ¡Martín Sabbatella, el presidente de AFSCA que es quien debe controlar los servicios audiovisuales y otorgar los subsidios y licencias para radio y TV!

Posteo de Facebook de La Voz Indígena (Tartagal) el 30.09.2014. No es el único de este tipo.
Posteo de Facebook de La Voz Indígena (Tartagal) el 30.09.2014. No es el único de este tipo.

La Ley de Medios de 2009 consagró el derecho explícito de las “comunidades indígenas” a ser titulares de licencias. Pero serían otorgadas por adjudicación directa y a petición, es decir, sin pasar por un llamado a concurso (licitación) como se les exige a los proponentes privados para acceder a cualquier frecuencia. Las “comunidades indígenas” —reconocidas por la Constitución de 1994— se consideran así como una suerte de entidades de derecho público, de la misma forma que el Estado Nacional, provincial, municipal, las universidades y la Iglesia Católica, quienes también pueden obtener licencias en forma directa y a demanda, sin someterse a concurso.

Ahora bien, ¿qué es exactamente una “comunidad indígena”? La Ley 23302 las define como entidades con personería jurídica que representan “conjuntos de familias que se reconozcan como tales por el hecho de descender de poblaciones que habitaban el territorio nacional en la época de la conquista o colonización”. Por “indígenas o indios [se entenderá] a los miembros de dicha comunidad”. La personería jurídica de las comunidades “se adquirirá mediante la inscripción en el Registro de Comunidades Indígenas y se extinguirá mediante su cancelación”.

En consecuencia, el Estado decide qué grupos son comunidades indígenas y cuáles no, aunque es cierto que la ley menciona requisitos medianamente objetivos y que se especifican en decretos reglamentarios y resoluciones. Así, la resolución 4811/96 de la ex Secretaría de Desarrollo Social (hoy Ministerio de Acción Social), solicita que las comunidades que aspiren al reconocimiento deben demostrar:

“El nombre y ubicación geográfica de la comunidad, reseña que acredite su origen étnico-cultural e histórico, con presentación de la documentación disponible, descripción de sus pautas de organización y de los mecanismos de designación y remoción de sus autoridades, nómina de los integrantes con grado de parentesco, mecanismos de integración y exclusión de sus miembros”.

En un país transparente la concesión de estatus a estas comunidades indígenas no ofrecería mayores problemas. Sin embargo, esto presenta inconvenientes en una nación donde, entre muchas otras cosas, se intenta copar políticamente hasta modestos clubes de barrio (como el difundido caso del control de La Cámpora del Club Olimpia de Los Hornos, cerca de La Plata).

El reconocimiento de las comunidades indígenas depende hoy del Ministerio de Acción Social de Alicia Kirchner (ministra en el mismo cargo en la provincia de Santa Cruz durante la dictadura militar). Es la cartera por excelencia del clientelismo y la manipulación de necesidades con fines electorales. Tampoco ha sido ajena, por ejemplo, al “ninguneo” al que fue sometido el reconocido y legítimo líder de los qom, Félix Díaz, a quien además se trató de socavar por todos los medios (sin éxito) manipulando con prebendas y dinero la elección de autoridades de su comunidad.

Acción Social es el mismo ministerio que poco y nada dice sobre la persecución y manipulación de ese pueblo indígena —percibido por los K como “opositores” debido a su resistencia a dejarse cooptar por ellos— a manos de un gobierno tan “progresista” como el formoseño de Gildo Insfrán. Padecimientos similares son sufridos por los wichís en la provincia del Chaco, donde ha gobernado otra luminaria del progresismo nacional y popular: Jorge Capitanich.

De modo que, para los K, hay indios “buenos” e indios “malos” según su grado de cercanía al Frente para la Victoria y a (retrógrados) gobernadores locales. Este factor permite constatar la existencia de “comunidades indígenas” privilegiadas o “comunidades indígenas” ignoradas o sujetas a división por el accionar del gobierno nacional (y algunos provinciales). Sin embargo, no se ha hecho ningún estudio sobre cómo se han concedido nuevos reconocimientos a comunidades indígenas por parte del Ministerio de Acción Social y su organismo dependiente, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

INAI

De acuerdo con datos del INAI existen unas 860 comunidades indígenas con personería jurídica. Pero sólo 437 se encuentran inscriptas como tales (lo cual, como se mencionó antes, les brinda un estatus especial asimilable a una persona de derecho público, mientras la Ley de Medios las habilita a recibir licencias de radio y TV en forma directa).

Las restantes congregaciones indígenas están registradas como simples asociaciones civiles sin fines de lucro. En este último caso, no califican legalmente como “comunidades indígenas”. Muchas de ellas, por distintas razones, operan en una situación irregular (no presentan papeles, balances contables, etc.)

Desde la sanción de la Ley de Medios el kirchnerismo ha otorgado licencias de radio y TV, en los papeles, a varias “comunidades indígenas”. Pero, en la práctica, las emisoras son manejadas por simples asociaciones civiles autocalificadas como indígenas que las operan en nombre de aquellas.

Esto equivaldría a otorgar una licencia, por ejemplo, a un municipio para instalar una emisora y que la emisora, en lugar de estar a cargo del gobierno de la ciudad, fuese manejada y propiedad de un grupo privado autodefinido como “residentes del municipio”. Otro ejemplo: la organización Túpac Amaru de Milagro Sala podría presentarse como representante del pueblo kolla de Jujuy y obtener una licencia por adjudicación directa en nombre de alguna “comunidad indígena”[1].

Claramente, las “comunidades indígenas” no son lo mismo que “organizaciones” (ONGs) que se declaran indígenas. Andrea Quevedo, de la etnia kolla de la provincia de Buenos Aires precisaba en La Nación (24.12.2010) que “las ‘comunidades’ tienen la representación del pueblo porque las familias eligen a los caciques, y éstos al representante ante el Consejo de Participación Indígena (CPI), que funciona en el INAI. En cambio, las ‘organizaciones’ son como cualquier otra ONG cultural, educativa o social, con la única diferencia de que están integradas también por indígenas. Por ejemplo, la Túpac Amaru, que es una organización barrial”. (Legalmente, la representación de los pueblos aborígenes ante el Estado está en manos de los CPI.)

También en 2010, el dirigente indígena Daniel Segovia se oponía a que simples organizaciones asumieran la representación de los pueblos originarios para recibir las licencias. Es como si un club de fútbol tuviera la representación de La Matanza”, señaló. Segovia era asesor de la diputada Silvia Vázquez (Concertación FORJA-Buenos Aires), entonces aliada del kirchnerismo e impulsora de la Ley de Medios y quien luego cayó en desgracia y pasó a criticar la instrumentación de la norma por parte del gobierno.

(Vázquez acaba de publicar su libro De los K a los Qom, Buenos Aires, Aguilar, 2015, donde hace un repaso crítico de las arbitrariedades del gobierno contra esa etnia. Si embargo, recién cuando el kirchnerismo la excluyó de las listas de diputados del FPV de 2011 adoptó una posición de denuncia frontal como la que ahora expresa el libro. En sus numerosas apariciones en 6-7-8 y otros espacios de propaganda oficialista no hizo alusión al tema e incluso señaló en su libro que en ese programa le advirtieron que no debía formular críticas contra el gobernador Insfrán, pese a lo cual continuó concurriendo al ciclo aceptando la censura y acatando ese condicionamiento.)

Segovia agregó:Ahora que la sociedad está sensibilizada sobre la problemática de nuestros pueblos, aparecer con esta división es una lástima. Pero si no se soluciona este problema, los medios podrían terminar en manos del clientelismo y el asistencialismo de siempre, o directamente en manos de empresarios” (La Nación, 14.12.2010).

Las palabras de Segovia resultaron proféticas. El kirchnerismo, a través de la AFSCA, se dedicó a adjudicar licencias a organizaciones privadas que decían actuar en nombre de las “comunidades indígenas”. Independientemente que esto fuera cierto o no en los distintos casos, constituía una violación de la Ley (sería como que Canal 7 delegara su operación en una entidad privada).

Pero lo más grave es que el gobierno promovió la constitución de estas organizaciones menos para favorecer el derecho a la comunicación de los pueblos originarios que para promover mensajes kirchneristas y funcionales a El Relato, a veces manipulando a los propios indígenas y en otros casos manejando encubiertamente a estos medios a través de punteros o funcionarios K que, muchas veces, ni siquiera son indígenas.

El caso Wall Kintun: ¿Hay una tribu K?

Un ejemplo que demuestra los mil y un manejos efectuados por el gobierno con fines partidarios y propagandísticos en materia de medios indígenas está representado por Wall Kintun TV, LRG461 Canal 2 de Bariloche, otorgado a una comunidad mapuche en la ciudad rionegrina a fines de 2012. Se trata, por ahora, del único canal de TV indígena abierto del país. (Como todo canal abierto, debe ser obligatoriamente retransmitido por los cables de la zona.)

La licencia fue concedida el 03.12.2012, apenas a cuatro días del emblemático 7D, la fecha que el gobierno había determinado para consumar su “victoria final” sobre el Grupo Clarín, mediante su intervención y/o desmantelamiento. La fecha representaría a la vez el fin de la “cadena nacional del desánimo” (un verdadero acto fallido de la presidenta que demostraba que la Ley de Medios sí tenía por finalidad intervenir en los contenidos, pese a que se proclamaba lo contrario).

Wall Kintun Ley

Legalmente, el canal fue adjudicado a la Comunidad Indígena Mapuche Buenuleo. Sin embargo, era propiedad de una entidad privada: la Cooperativa de Servicios Audiovisuales Mapuche, Ltda.

¿Cómo surgió esta televisora? Cedamos la palabra a Deolinda del Pilar Buenuleo, una integrante de la Comunidad Indígena Mapuche Buenuleo y miembro del directorio de Wall Kintun TV. La mujer reveló en una audiencia pública a fines de 2013 que su comunidad ¡ni siquiera pudo elegir el nombre del canal!, que fue impuesto por funcionarios K.

Dijo Buenuleo en esa ocasión:

“A mediados del 2012, el funcionario Diego Pereyra, también conocido como Diego Cotaro […], se presenta en la comunidad expresando que el gobierno nacional tendría la intención de poner un canal [sic] en alguna comunidad. Asimismo nos ofrece esta posibilidad concreta a la comunidad mapuche Buenuleo […] De manera insólita, tres meses después nos llega la noticia que el gobierno nacional nos otorgó la licencia del canal, sin que nosotros estemos informados, capacitados y con la imposibilidad de que los miembros de la comunidad puedan elegir un nombre para el canal. Esto sucede a dos semanas del 7D”.

Aunque estos hechos no habían trascendido aún al conocimiento público, ya en la salida del canal a fines de 2012 se notaban cosas extrañas. Para empezar, su principal productor era Pablo García, quien no tenía nada que ver con los mapuches pero sí fue director de programación de la señal de noticias kirchnerista CN23 y “actual director general de contenidos televisivos de nuestro Grupo Veintitrés”, según reconoció entonces a La Nación Sergio Szpolski, titular de dicho grupo de medios ultraoficialista. Pese a ello negó cualquier vínculo con la televisora indígena.

Igualmente sospechoso fue un spot promocional de Wall Kintun TV, repetido varias veces en CN23 (y difundido también en otros medios del Grupo Szpolski), que mostraba imágenes de la comunidad indígena, la zona del Nahuel Huapi y supuestas instalaciones de la emisora. La locución del spot estaba a cargo del estentóreo y ultraoficialista Víctor Hugo Morales (¿quizás en representación de la tribu charrúa?).

Pero la puesta en escena no terminaba ahí. El canal anunció que sus transmisiones comenzarían el 07.12.2012 (el frustrado 7D) con la emisión de Néstor Kirchner, la película. Además de programación de interés indígena, se retransmitían las señales Encuentro y Paka-Paka y los noticieros del Canal 10 de General Roca (estatal provincial, pro K). Se usarían también contenidos del BACUA y del CDA (buena parte de ellos ficciones funcionales al oficialismo financiadas con dineros públicos).

Canal 7, Télam y la Secretaría de Cultura difundieron a los cuatro vientos la inauguración de Wall Kintun TV y anunciaron incorrectamente el 08.12.2012 que el canal ya estaba en el aire. Pero sólo se había convocado a una conferencia de prensa y luego a un festival (con nutrida presencia de La Cámpora y otros grupos K). En realidad, Wall Kintun TV carecía de equipos, los que terminaron siendo apresuradamente cedidos ¡en comodato! por el gobierno nacional. La estación inició sus transmisiones varios días después.

Pero los equipos técnicos suministrados por el Estado no permitían generar programas propios: el canal carecía de cámaras.

El relato de la mujer indígena, en la misma audiencia, continuaba describiendo las peripecias de la emisora de TV:

“Después de la inauguración, los roles dentro del canal estaban definidos. Por ejemplo el funcionario Diego Cotaro era el director de Wall Kintun TV. Nunca como comunidad mapuche tuvimos algún tipo de asamblea, ni reunión, que le otorgara estos mandatos de director, administrador, productor general y editor. La comunidad Mapuche Buenuleo hasta ese momento es simplemente un objeto de uso.

El señor Matías Melillán, funcionario del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), junto a Diego Cotaro o Pereyra de manera unilateral introducen una supuesta cooperativa de jóvenes para la administración y manejo del canal. La comunidad Buenuleo le exige a Matias Melillán y Diego Cotaro que terminen con esa política de manipulación y omisión. Y estos funcionarios cortan por lo más delgado, pergeñan un plan para expulsar del canal a la cooperativa que ellos mismos formaron, capacitaron y de manera arbitraria introdujeron al canal. Objetivo que finalmente logran: la cooperativa abandona el canal.

La comunidad le plantea a Melillán y a Cotaro que la misma no está en condiciones de gestionar y llevar adelante el canal, por lo tanto se les pide capacitación y formación para la administración general del medio. El remedio fue peor que la enfermedad. El día 7 de febrero de 2013 Melillán y Cotaro presentan a Carlos Catrileo como una persona capaz de llevar adelante un proceso de capacitación para toda la gente de la comunidad vinculada al canal. La comunidad vuelve a confiar en estos funcionarios y decide nombrar a Catrileo como director general de Wall Kintun TV. Carlos Catrileo se da a conocer ante la comunidad como corresponsal de Télam, presenta una propuesta escrita donde promete sueldos y viajes a diferentes países de Latinoamérica para firmar convenios con Telesur, entre otros. Mientras tanto nosotros no sabíamos lo que era un trípode”.

Como remate Buenuleo agregó amargamente: Nos dimos cuenta de que nuevamente fuimos víctimas del manejo político sin escrúpulos […] [Estamos] cansados de tanta mentira, desidia y abandono”. 

Con una programación precaria y retransmisiones de medios oficialistas, Wall Kintun TV siguió siendo hasta hace un año apenas un transmisor y una PC que no podían generar programas propios, ni siquiera un noticiero local (la situación cambió  a fines de 2014, ver más adelante).

Estas palabras de Buenuleo fueron pronunciadas en una audiencia convocada el 01.11.2013 por la Defensoría del Público, institución creada por la Ley de Medios y para la cual fue designada como titular Cynthia Ottaviano, una periodista oficialista que se desempeñaba en Tiempo Argentino (esposa de su ex director, Roberto Caballero). Una frase la ha caracterizado: “trabajaré contra el paradigma neoliberal en los medios” (lo que sea que esto signifique, implica nuevamente que la inspiración de la Ley de Medios giró en torno a controlar o influir sobre los contenidos).

Sorprendentemente, Ottaviano no mencionó la presentación de Buenuleo en el comunicado que resumía esta audiencia. Esa omisión resulta tanto más injustificable cuando era sin duda la presentación más relevante (las restantes eran de elogio para con el gobierno). En cambio, la defensora Ottaviano aparece en el comunicado felicitándose de las posibilidades que la Ley de Medios otorga a los pueblos originarios.

La diputada provincial Rita Liempe, de Lincoln (Provincia de Buenos Aires), y quien es mapuche, presentó a los pocos días de esta audiencia una demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Medios contra el Estado Nacional y la AFSCA debido a su imprecisión con respecto a los “pueblos originarios”-

Liempe denunció que las licencias de radio y TV para “pueblos originarios” (que se solicitan por demanda, se otorgan por adjudicación directa y carecen de vencimiento) se estaban entregando en realidad a empresas privadas, cooperativas y algunas organizaciones vinculadas a la temática aborigen, pero que no pueden ser consideradas pueblos”.

Un año antes, Liempe había sido categórica: “los pueblos originarios están siendo usados como pantalla para decir que se está cumpliendo con la Ley de Medios y para hacer creer que los indígenas están totalmente integrados en la sociedad argentina cuando nuestras comunidades no tienen ni agua (La Nación, 03.12.2012).

También en ese entonces, en vísperas del surgimiento de Wall Kintun TV, Daniel Segovia, presidente del Consejo Nacional Indígena (grupo no gubernamental), había denunciado que organizaciones sociales ligadas estrictamente al kirchnerismo son las beneficiarias de la Ley de Medios en connivencia con el INAI y una mayoría de organizaciones territoriales de KOLINA [Alicia Kirchner], el Movimiento Evita, La Cámpora o el mismo Ministerio de Desarrollo Social. Ahí está […] el canal de televisión de Bariloche, que tampoco es un pueblo” (La Nación, 03.12.2012).

En el caso de Wall Kintun TV, el mismo Estado que lo había promovido como una iniciativa “vistosa” para “decorar” el frustrado 7D se terminó desentendiendo del canal. Deolinda Buenuleo asumió la dirección general de la estación y a partir de allí trató de entenderse con la AFSCA y el gobierno. Recién a fines de 2014 consiguió cámaras y comenzó a transmitir un noticiero local diario.

Dijo Buenuleo en declaraciones a FM Encuentro, de Viedma, el 31.08.2015:

“[Los] comienzos [del canal, fueron]  medio problemáticos […], como una disputa política […] Pero a mediados del año 2013 la comunidad se pone firme […] Me ponen a mí como directora y hemos tratado de sacar adelante el canal […] No hemos obtenido recursos del Estado […], del Tesoro Nacional […] El canal hasta ahora se ha sostenido a través de fondos concursables del FOMECA que […] nos manda la AFSCA […] Con eso tenemos un equipo estable de cinco personas realizamos el informativo diario que sale a las 7 de la tarde y se repite el otro día a la 1 del mediodía […] Ahora estamos en la elaboración de microprogramas y de spots”.

Pero la escasa ayuda del gobierno no fue gratis. Bajo la dirección de Buenuleo las transmisiones del canal han consistido exclusivamente en la repetición de señales K: Canal 7 de Buenos Aires, Paka-Paka, Encuentro y hasta señales comerciales como CN23 (Szpolski) y Ta-Te-Ti, sólo interrumpidas por el citado informativo local y algunos spots y microprogramas.

En una versión comunicacional del clientelismo y después de intentos de controlar directamente el canal, el gobierno K a través del AFSCA terminó apoyando a la comunidad para capacitar a sus miembros en la realización de producciones propias, pero a cambio de convertir a la televisora en una boca de expendio de programas oficialistas durante la mayor parte del día. Con estas capacitaciones y algunos aportes monetarios,  AFSCA y la Defensoría del Público se presentan tardíamente como los actuales  “defensores” del canal, omitiendo recordar que en realidad se buscó manipularlo desde un primer momento.

Etnias ganadoras y perdedoras con la nueva Ley de Medios

Las emisoras autorizadas desde la sanción de la ley de Medios hasta junio de 2015 fueron las siguientes:

CUADRO 2 – LICENCIAS DE EMISORAS INDÍGENAS OTORGADAS DESDE 2009 (LEY DE MEDIOS) HASTA EL 30.06.2015

Cuadro 2

B = Provincia de Buenos Aires / CA = Catamarca /CB = Córdoba / FA = Formosa / JY = Jujuy / LP = La Pampa / NQ = Neuquén  /RN = Río Negro / SA = Salta / SE = Santiago del Estero / TC = Tucumán.
Fuente: Elaboración propia, basada en el sitio web de la AFSCA.

Si sumamos las emisoras que aparecieron legalmente antes de la Ley de Medios (Cuadro 1) y las aparecidas entre 2009 y el primer semestre de  2015 (Cuadro 2) y las relacionamos con los grupos de población indígenas, tenemos lo siguiente:

CUADRO 3 – NÚMERO DE LICENCIAS OBTENIDAS POR CADA ETNIA INDÍGENA, POBLACIÓN GENERAL DE CADA ETNIA Y POBLACIÓN DE “COMUNIDADES INDÍGENAS” HASTA EL 30.06.2015.

Cuadro 3-

Fuente: Sitio Web de la AFSCA e INDEC, Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) 2004-2005 – complementaria del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.

Un análisis de estos guarismos permite derivar una conclusión interesante. Considerando la población que vive en “comunidades indígenas” —que es donde territorialmente tiene más sentido que operen las emisoras adjudicadas directamente a los pueblos originarios—, resulta que los qom, que tienen la cantidad más grande de miembros viviendo en comunidades y son la segunda etnia indígena del país con mayor cantidad absoluta de miembros, poseen apenas 4 emisoras (1 cada 10.717 habitantes de esas comunidades; pero si se considera su población general total de casi 70 mil, entonces cuenta con 1 emisora cada 17.363 personas). Cabe señalar que una de esas cuatro emisoras no corresponde a las tierras históricas de la etnia, sino que se le adjudicó a un grupo afín a los qom en un barrio de la ciudad de Rosario, como se verá más adelante en este artículo.

La segunda etnia con mayor residencia en “comunidades”, los wichí, no tienen ninguna radiodifusora propia (se trata de un caso especial, que será tratado más abajo).

En cambio, los mapuches, si bien la son etnia con mayor número de integrantes en el país (distribuidos entre Neuquén, Río Negro, Chubut y otras provincias), tienen solamente 13.430 miembros viviendo en “comunidades”. Pero cuentan con 12 emisoras, o sea, una emisora cada 1.119 habitantes de comunidades (o 1 emisora cada 9.473 habitantes totales, que superan los 113 mil). A su vez, con 8.180 pobladores en comunidades, los diaguitas y diaguitas-calchaquíes tienen 9 radios, es decir, una emisora cada 909 habitantes de tales comunidades (o 1 emisora cada 3.528 habitantes totales, que llegan casi a 32 mil).

De esto se desprende que los mapuches y diaguitas han sido beneficiados con licencias, en relación a su población, en una proporción mucho mayor que los qom y wichís. Esta situación se produce no sólo si se considera sólo a quienes viven en las respectivas comunidades sino también si se contabiliza la población total de cada etnia (esto es, incluyendo también a quienes viven fuera de las comunidades).

Los qoms y wichís son los pueblos indígenas más desatendidos y perseguidos actualmente en el país. El kirchnerismo ha tratado además de manipularlos, intentando sin éxito cooptarlos o dividirlos. Todas estas situaciones e incluso actos de exterminio están documentados en múltiples investigaciones —desde periodísticas hasta académicas— y son imputables mayormente a los gobiernos K de Formosa y Chaco, por acción u omisión.

Por estas razones no es casual que no se haya alentado a qoms y wichís a instalar medios desde el AFSCA (como se ha hecho en el caso de otras etnias) y/o que se les hayan retaceado las licencias para habilitar emisoras.

Es cierto que la comunidad La Primavera (Formosa), donde trabaja el cacique Félix Díaz, líder qom legítimo (ratificado en elecciones de su comunidad[2]), ha recibido una licencia para instalar una estación de FM. Esa radio constituye una voz de denuncia permanente contra las arbitrariedades que padece este pueblo.

Radio QomLa autorización fue producto de una denodada lucha y el AFSCA kirchnerista se vio forzado a concederla para no quedar en una posición antipática mientras se conocía el alcance de la persecución y maltratos sufridos por los qom en Formosa. (En 04.2015, Díaz denunció que “hermanos utilizados por el gobierno” entraron al estudio y “destrozaron el equipamiento” de la emisora. La radio quedó fuera de funcionamiento, pero fue reconstruida en unas semanas.)

El cacique Díaz nunca fue recibido por Cristina Kirchner pese a sus pedidos (aunque sí por Florencio Randazzo). Mientras algunos K aislados, impulsados por algunos escrúpulos “progresistas” le expresaban un tímido apoyo,  otros grupos kirchneristas lo agredían en una manifestación en Buenos Aires. Pero la verdadera  cara del gobierno  se vio cuando se llevó adelante una persistente campaña desde los medios del aparato de propaganda K. Lo acusaron de estar apoyado por Clarín y ¡hasta de actuar en acuerdo con Héctor Magnetto!

Sin embargo, las muertes de los qom, su encierro en galpones y los retiros de sus documentos para que voten candidatos K son hechos comprobados y que no fueron obra de Magnetto sino de fuerzas al servicio del gobierno provincial. Estos vergonzosos episodios —que afectan a ciudadanos argentinos— no ocurren en ningún otro lugar del país donde hay presencia indígena, al menos en esa escala.

Al iniciarse 2015, el fallecimiento por desnutrición de un chico qom 7 de años en el Chaco, mostró una vez más una realidad que pulverizaba al Relato K. Pero algunos kirchneristas no tienen mejor idea que culpar a las propias víctimas de sus desgracias. La diputada Diana Conti señaló: “la mano del Estado (…) llega si la propia comunidad lo permite, porque el pueblo qom tiene liderazgos y el líder del pueblo es también el responsable de quienes lo conforman”. Lo mismo que decían los más rancios conservadores hace décadas. Jorge Capitanich caracterizó el triste episodio como “un hecho aislado”.

La situación comunicacional de los wichís es peor que la de los qom. Según los registros de la AFSCA, no les ha sido concedida ninguna licencia para operar emisoras por sí mismos. Sin embargo, en la localidad de El Pintado —en el llamado Impenetrable chaqueño— se entregó una autorización a la Escuela Intercultural Bilingüe Wichí. Se trata de un centro de enseñanza que se fundó como privado pero luego pasó a la provincia, el cual buscaba ofrecer una herramienta educativa, cultural y de integración social para los indígenas.

El gobierno chaqueño, indiferente, dejó decaer el establecimiento educativo. Sin embargo, la escuela fue reactivada en los últimos años con el propósito de contrarrestar las acusaciones sobre el sometimiento y el abandono de los wichís de parte de las autoridades provinciales.

Pero por sobre todo, la escuela se convirtió desde 2012 en la sede de Radio Topak (87.9 MHz), una emisora estatal que transmite para la audiencia indígena (con intervención de integrantes de la etnia) y que brinda indudablemente un servicio útil. Sin embargo, se trata de un medio con una perspectiva oficialista, con apoyo económico y técnico del Frente para la Victoria. Por supuesto, no tiene cabida en esa emisora ninguna voz wichí crítica hacia el exgobernador Jorge Capitanich, ni a su sucesor, ni tampoco a la gestión de Cristina Kirchner.

El otorgamiento reticente de licencias a qoms y a wichís contrasta notoriamente con la situación mapuche. En este caso, el kirchnerismo ha tenido un gran éxito en cooptar a varios sectores de esta etnia —circunstancia parcialmente demostrada en las primeras épocas del canal Wall Kintun— para proyectos comunicacionales, en especial en las provincias de Neuquén y Río Negro.

Buena parte de las 12 emisoras mapuches que operan en Argentina (aunque no todas) tienen una fuerte vinculación con punteros, políticos y funcionarios K, difunden contenidos oficialistas y raramente pueden escucharse en ellas críticas al gobierno nacional (pero sí a otros sectores). Como se ha denunciado, en muchos casos tales emisoras no son operadas propiamente por las “comunidades indígenas” sino por organizaciones que lo hacen en su nombre y que simplemente tienen miembros indígenas o se caracterizan como tales (y pueden dejar afuera a sectores no cooptados por los K). El mismo cuadro se repite en ciertos casos de emisoras correspondientes a etnias como las diaguitas y kollas, en el noroeste argentino.

Todo lo expuesto permite verificar que, en el reparto de licencias de radio, hay etnias “ganadoras” y “perdedoras”. Y en un plano más general, existen etnias (o sectores de las mismas) cooptadas por el kirchnerismo y etnias consideradas “opositoras”. La manipulación y el clientelismo con fines políticos se erigen a la vez como los rasgos más característicos de las relaciones entre el gobierno kirchnerista y los sectores indígenas, tanto en el campo de la comunicación como en otros aspectos.

AFSCA estableció hace unos años el llamado Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisuales (FOMECA), que otorga subsidios por concurso a emisoras de radio y TV, pero en forma altamente sesgada. Los comités evaluadores que deciden sobre las asignaciones están compuestos por figuras ultra K, entre ellos Néstor Busso (ex titular de la asociación de emisoras FARCO —unas 90 emisoras prokirchneristas—, participante en el “juicio popular” contra periodistas en 2010 y exsecretario de Derechos Humanos de Río Negro), la propia Cynthia Ottaviano y personal de AFSCA subordinado políticamente a Sabbatella en el partido Nuevo Encuentro.

El FOMECA benefició a determinadas emisoras indígenas, mientras se dejaba de lado a otras. (Ninguna asociación indígena qom de Formosa ni ningún otro pueblo originario de esa provincia obtuvo un centavo de los 5 millones de pesos de esos subsidios en 2013, mientras sí se otorgaron a radios indígenas en Neuquén, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Jujuy, Salta y Río Negro, en este último caso el canal Wall Kintun. Es cierto que una asociación qom consiguió un subsidio, pero se trata de un pequeño grupo en el Chaco y al que no se considera reacio al gobierno nacional. Recién en 2014 se otorgó un subsidio mínimo a la emisora qom de La Primavera —la comunidad de Félix Díaz— sin duda para guardar las apariencias)

Tampoco el kirchnerismo pudo siquiera resistir la tentación de perjudicar a una radiodifusora comercial de Rosario que transmite desde hace dos décadas en la banda de FM en 107.9 MHz, asignando en 2012 a la minúscula comunidad indígena Qadhuoqte la misma frecuencia en otro sector de esa misma ciudad, lo que provocaría superposiciones e interferencias recíprocas (la radio indígena aparentemente no estaría en el aire).

Resulta hasta cierto punto conmovedor, aunque no deje de ser triste, el empeño del kirchnerismo por promover, facilitar, financiar y cooptar emisoras de radio y TV de las comunidades indígenas, mientras el mismo gobierno nacional y sus aliados provinciales no son capaces de brindarles agua, electricidad o salud, entre otros servicios básicos.

Esto, para no hablar del “uso político” de estas etnias por parte de los K, quienes buscan “exhibir” las emisoras indígenas en forma condescendiente —mal que les pese, al estilo del siglo XIX— como si fuera un regalo kirchnerista y un indicador de lo “exitosa” que es la Ley de Medios. Se pretende cumplir con estereotipos seudoprogresistas de políticos y funcionarios que subordinan ayudas a estas etnias a la búsqueda de un rédito político o a “mostrar” nuevos capítulos de El Relato.

Es cierto que muchas de estas emisoras no hubieran surgido sin el estímulo o apoyo oficial. Es verdad también que su inexistencia privaría a las comunidades indígenas de una herramienta importante para superar la marginación y la miseria. Pero una cosa es que el Estado apoye su desarrollo y otorgue ayuda técnica, capacitación y fondos de un modo transparente, objetivo y sin que medien privilegios ni exclusiones; y otra cosa es que un gobierno las promueva como parte de una estrategia meramente partidaria, clientelística y de captación política.

Un futuro con soluciones

La solución de la problemática general de los pueblos originarios no es una tarea sencilla. Pero en el campo de la comunicación una nueva Ley de Medios debería establecer claramente que las licencias (autorizaciones) que se otorguen a estos pueblos por adjudicación directa deben ser exclusivamente concedidas a las “comunidades indígenas” debidamente reconocidas, en su carácter de cuasientidades de derecho público, las que operarán las emisoras correspondientes a través de sus órganos naturales de gobierno y en los territorios donde habiten.

Las autorizaciones para esas emisoras no podrán ser delegadas en entidades de derecho privado (cooperativas, asociaciones, fundaciones, empresas), se caractericen o no como indígenas, o tengan o no una composición exclusiva o predominantemente indígena.

Las emisoras de las “comunidades indígenas” que cuenten  con esas autorizaciones  serán consideradas como emisoras públicas: no podrán efectuar partidismo político unilateral  y estarán obligadas a dar voz a todas las expresiones de la comunidad respectiva (mayoritarias, minoritarias e incluso a las opuestas a la conducción de la comunidad).

¿Y las posibles emisoras de asociaciones u organizaciones con finalidades específicas (cooperativas, sociales, educativas, sindicales y hasta de parcialidades políticas) y que tengan composición, contenidos o finalidades de tipo indígena, pero que no sean la “voz oficial” de la respectiva “comunidad indígena”? ¿O las que operen en lugares que no sean territorialmente una “comunidad indígena”?

Simplemente, para inaugurar una de estas estaciones sus titulares deberán solicitar una licencia como cualquier otro particular, sometiéndose a un concurso público con todas las garantías.

Claro que para esto el kirchnerismo debe aplicar la cláusula incumplida por un lustro de su propia Ley de Medios (y en cuya falta de implementación nada han tenido que ver Clarín ni los “medios concentrados”): aprobar un Plan Técnico completo y establecer concursos abiertos y permanentes en todas las ciudades y frecuencias disponibles del país para que todos los interesados puedan presentarse.

© Copyright 2015 Blog CANAL, MENSAJE Y SOCIEDAD/CMS, Buenos Aires (Roberto H. Iglesias). Si este artículo es reproducido por cualquier medio  debe  citarse como  fuente el blog y al autor. En los casos que dicha reproducción se efectúe en  Internet debe colocarse el enlace a esta página.

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[1] Esto no ha ocurrido. Pero la organización Túpac Amaru sí recibió de AFSCA en 02.2014 un permiso “provisorio” selectivo y sin licitación, aunque no por definirse como “pueblo originario” sino por su carácter de “entidad sin fines de lucro”. El organismo regulador de la comunicación audiovisual le asignó el uso del canal 11 de televisión en Jujuy. Este tipo de permiso es claramente violatorio la Ley de Medios; mientras tanto, recién ahora se han iniciado los concursos para instalar nuevos canales de abiertos de TV, aún no adjudicados.

[2] Díaz ha sido también reconocido como representante legítimo de los qom por Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la paz e incluso por el Centro de Estudios Legales y Sociales, cuyo titular es el cuestionado kirchnerista Horacio Verbitsky. El cacique fue recibido por el papa Francisco en 2013.

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Acerca de Roberto H. Iglesias

Soy periodista, consultor y analista de comunicación.
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5 respuestas a La Ley de Medios y las emisoras de pueblos originarios (y cuando los K se disfrazan de indígenas)

  1. Daniel Segovia, el titular del Consejo Nacional Indígena (que pese a su nombre es una ONG), está mencionado en el artículo en declaraciones de 2010. En esa ocasión denunciaba que “los medios [indígenas] podrían terminar en manos del clientelismo y el asistencialismo de siempre”.

    Ahora se convirtió en un ejemplo de dirigente indígena cooptado por el kirchnerismo. Sus denuncias sobre las manipulaciones y manejos cesaron a partir de 2013. También sus críticas hacia el FPV, como la siguiente (26.12.2012):

    “Estos muchachos [de La Cámpora] que no conocen el hambre porque siempre estuvieron bajo el ala del poder de turno, nacieron y crecieron en cunas de oro. Estudiaron o se prepararon en medio de las comodidades y la placentera vida que les dieron sus padres. Con la plata de los argentinos y hoy con más sustento económico que nunca, creen ser la panacea de la situación del país. No son más que parásitos del poder que los mismos políticos K distribuyen por todas partes y organismos para devorar las acciones de los mas humildes y de los trabajadores”.

    “El ahora diputado nacional Andrés ‘Cuervo’ Larroque es una más de las marionetas de los K, sin identidad ni lucha que sirva de antecedentes como para ocupar una banca en defensa de los que representa. Basta con ver su historial de proyectos en lo que va del año en la Cámara de Diputados y te das cuenta que solo es un sirviente del Monopolio K”, agregó Segovia.

    “El orgullo de conocer la lucha, el hambre y la miseria es una virtud que esta gente nunca obtendrá ni comprada en las facultades privadas en las que estudiaron. No tienen la hombría de debatir frente a frente el por qué y por orden de quién operan en contra de los pueblos y los trabajadores indígenas, buscando armar cuadros de indígenas K y trabajadores K”.

    ( http://liberacionmapu.blogspot.com.ar/2012/09/el-consejo-indigena-nacional-califica.html )

    Por esa época, La Cámpora había participado del desalojo de los qom en el acampe de protesta en Buenos Aires. En esa ocasión los qom resultaron agredidos por los integrantes de la agrupación K.

    Sin embargo, Segovia reapareció el 10.09.2015 en el programa “Intratables” (América TV) transformado en lo que antes denunciaba, defendiendo al gobierno K en un contrapunto con el cacique qom Félix Díaz. Este último mantuvo sus posiciones críticas al gobierno nacional y a las autoridades de Formosa en relación con el maltrato, persecución y desatención de los pueblos originarios.

    En un sorprendente cambio de postura con respecto a lo que manifestaba hasta dos o tres años atrás, Segovia dijo “ni el gobierno provincial ni el nacional son responsables de la muerte] de este chico [Oscar González, un chico qom de 11 años fallecido por desnutrición en esa semana en el Chaco]” .

    De alguna manera justificó la situación y cuestionó a los padres del chico: “Los factores de la muerte de Oscar Sánchez son amplios (…) Su padre no se preocupó“.

    Segovia añadió: “Esto es una absoluta campaña mediática. Hay mucha gente que está esperando como buitres que se muera uno de estos pibes. No se puede negar que la desnutrición existe pero tampoco se puede negar todo lo que se ha hecho”.

    Félix Díaz, el líder comunidad qom, le respondió a Segovia en el mismo programa: “La desnutrición existe y no sólo en los chicos, hasta los grandes mueren por la falta de alimentación. A mi modo de entender la responsabilidad la tiene el Estado. No puede ser que un Estado que se jacta de los derechos humanos permita que pase esto”.

    ( http://www.infobae.com/2015/09/11/1754523-daniel-segovia-el-gobierno-no-es-responsable-la-muerte-del-qom )

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  2. Lita dijo:

    Si solo fuere clientelismo K no estaría tan disgustada con este verso del indigenismo. Creo que es peor que eso y estoy completamente en contra de gastar nuestro dinero en el desarrollo de naciones extranjeras en nuestro territorio.

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    • Estimada Lita: el “indigenismo” es una posición ideológica y, como tal, se emplea para objetivos políticos; en ese sentido puede considerarse, como usted dice, como un “verso”. Pero asegurarle a los sectores indígenas argentinos los mismos derechos que tenga el resto de los ciudadanos del país (y el apoyo necesario para superar problemas, abandono y marginación), no lo es.

      Los grupos étnicos indígenas que viven en la Argentina no son “naciones extranjeras”, del mismo modo que la comunidad judía argentina, por ejemplo, no es una “nación extranjera”. Está bien que cualquier sector que vive en la Argentina, inclusive los indígenas, puedan desarrollar libremente medios de comunicación para atender a sus necesidades comunicacionales y que en algunos casos puedan ser apoyados en forma general, equitativa y transparente.

      El artículo critica el clientelismo, el uso político y la generación de propaganda que se hace a partir de la intervención estatal indebida y con fines subalternos en el surgimiento y desarrollo de esos medios. Gracias por su participación.

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  3. Actualización (08.10.2015) — La AFSCA cambió la frecuencia de la radio indígena de Rosario originariamente asignada en 2012 (107.9 MHz), la cual interferiría con una emisora de esa ciudad, Cristal FM, que funciona desde 1989 en esa frecuencia. Se trata de una emisora adjudicada a la Comunidad Qadhuoqte.

    Sin embargo, la nueva frecuencia es 94.5 MHz e interferirá esta vez a FM Latina, la que igualmente está en aire en ese punto del dial desde 1989 y cuyo titular es José Bonacci, presidente del MODIN de Aldo Rico en la provincia de Santa Fe y concejal rosarino entre 2001 y 2005.

    En 2011 lideró un grupo de partidos nacionalistas y fue candidato a senador provincial en la misma boleta con el dirigente K Agustín Rossi, que se presentaba a gobernador. “Si soy electo mi primera propuesta será cerrar el Senado”, anticipó Bonacci. En el mismo año intentó sin éxito postularse como candidato a presidente (no superó el mínimo de votos exigido en las PASO).

    Ver http://seniales.blogspot.com.ar/2015/10/afsca-y-la-aftic-siguen-ordenando-el.html

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  4. ACTUALIZACION:
    El canal Wall Kintun TV canceló su noticieros y desde hace meses no puede pagar salarios a sus trabajadores. A partir de mediados de 10.2015 dejó de salir al aire y podría llegar a cerrar definitivamente.

    Ver http://seniales.blogspot.com.ar/2015/10/la-desidia-de-las-autoridades-pone-wall.html

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